Notas editoriales

Por quinto mes, el crecimiento de los precios medido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó por arriba del techo objetivo del Banco de México (Banxico) que es de 4%. En esta ocasión la variación mensual anualizada fue de 5.8% y, aunque fue una décima menor al 5.9% reportado en el mes de junio, la verdad es que las autoridades del Banxico, ahora sí, parecen realmente  preocupadas por la persistencia de las presiones alcistas, preocupación, que ya se ha hecho extensiva a los “expertos” que participan en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (EEEESP), que en la edición de julio coincidieron en aumentar el nivel de la inflación esperada para el cierre del 2021, de 5.6% a 6.0%.

Las preocupaciones se justifican, porque los principales vectores de la escalada de precios que se vive actualmente, no solo derivan de los indicadores de la inflación ”no subyacente” es decir, de la dinámica de los precios de los productos agropecuarios y energéticos -que por su mayor volatilidad, son los que tienen mayor incidencia en la inflación- y que en julio registraron crecimiento de ∆ 9.4% a nivel general, sino que provienen también de los indicadores de la “inflación subyacente” y especialmente de los subíndices de “mercancías” (∆ 5.7%) y “alimentos” (∆ 6.1%) cuyas tendencias alcistas se mantienen en niveles muy cercanos o por arriba del promedio del INPC. 

La persistencia en el crecimiento de los precios a tasas cercanas al 6% no es un tema trivial. Ese comportamiento sostenido durante casi un semestre, no solo está afectando sustantivamente el poder adquisitivo de la población, sino que también golpea y, con mayor dureza aún, a los agentes económicos de primer nivel, es decir a las empresas que conforman la estructura productiva del país, por lo que sus efectos combinados pueden incidir negativamente en el ritmo de la recuperación económica, luego de la debacle del 2020 ocasionada por la pandemia del C-19 “entre otras cosas”.

De hecho, los niveles de inflación que afectan al sector productivo son sensiblemente más intensos que los que experimentan los consumidores: por ejemplo, en el mismo mes de julio el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) en su nivel general y más amplio, registró un crecimiento de 6.4%, en tanto que los indicadores de inflación para los productores en las actividades primarias y secundarias (agropecuarias e industriales) reportan crecimientos de 10.0% y 8.1% en ese orden. De los tres grandes sectores económicos, solo los proveedores en las actividades terciarias o de servicios, han venido reportando crecimientos de sus precios y costos generales inferiores a los promedios del INPC y del INPP.

En defensa de la autonomía de Banxico
En ese contexto de inestabilidad monetaria, que, por supuesto se agrava con el retorno de los semáforos sanitarios amarillos, anaranjados y rojos a casi todo el territorio nacional, resulta comprensible que la Junta de Gobierno del Banxico (JGBM) decidiera en su reunión del 12 de agosto, elevar la Tasa de Interés Interbancaria a un día (TII) de 4.25% a 4.50%.

De acuerdo con el comunicado de prensa que anuncia ese cambio en la política monetaria, la JGBM explica que esa decisión se tomó por qué “el balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico es al alza” y explica también que de persistir esas condiciones “y por la diversidad, magnitud y el extendido horizonte en el que esos choques de oferta y demanda han afectado la inflación, se aprecia un alto riesgo de que esas presiones puedan distorsionar los procesos de formación de precios en México”.

Si bien el comunicado no aborda deliberadamente el tema de los diferenciales negativos entre las actuales tasas de inflación y la TII a un día, los cierto es que desde el mes de marzo de este 2021 cuando inició el rally inflacionario, esa tasa interbancaria de referencia ya presenta rendimientos reales negativos.

Cabe señalar que la decisión de la JGBM no fue tomada por unanimidad, ya que dos de sus nuevos miembros, los que arribaron con la nueva administración cuestionaron y votaron abiertamente contra esa decisión, que tampoco fue bien recibida por el gobierno de la 4t.

De aquí, surge la importancia de argumentar, en defensa de los miembros liberales de la JGBM, pero también de recordar a todos, que nunca ha sido bueno para México -una nación siempre ávida de liquidez y expuesta a comportamientos muy elásticos del tipo de cambio-, sostener tasas reales de interés negativas por amplios intervalos de tiempo, sin correr un riesgo muy alto de generar grandes fugas de capitales y de ahorro nacional.

Retorno de la tentación populista
A lo largo de la historia del capitalismo mundial, el desorden y la inestabilidad de los sistemas monetarios es una de las principales causas de que los estados experimenten fuertes crisis sistémicas y hasta quiebras de sus economías nacionales. La inflación es el impuesto más pernicioso de todos porque tiene un efecto regresivo en la distribución del ingreso nacional y es por eso que los costos políticos de las crisis inflacionarias y financieras, suelen ser muy altos para cualquier gobierno. Cuando el poder adquisitivo de la moneda se devalúa, los gobiernos también se devalúan en las preferencias y la intención de voto de sus ciudadanos y eso, es algo que el actual gobierno mexicano lo sabe muy bien.

Si a lo anterior, sumamos que en México existe amplia evidencia de que el principal vector de impacto inflacionario proviene de los precios de los combustibles y especialmente de las gasolinas, el diésel y el gas, se entiende que el gobierno de la 4t este cayendo en la tentación de resolver el problema de la inflación a través de esquemas de precios máximos autorizados, como está ocurriendo ya en los mercados del gas LP.

La reaparición de ese tipo de políticas públicas no es una buena señal, la historia económica mundial y muy especialmente la mexicana, nos han enseñado muchas veces, que las políticas públicas que se proponen inhibir los procesos de competencia para contener la inflación, equivalen a tratar de erradicar los incendios forestales talando todos los bosques.

En México sabemos por las desagradables y muy destructivas experiencias de los años setentas y ochentas, que el primer efecto de ese tipo de intervenciones estatales en los mercados, será el de abatir la competencia y alinear los precios de los combustibles con los niveles máximos; sabemos también, que si los precios máximos no garantizan a los distribuidores la recuperación de sus costos más una ganancia razonable, estos exigirán apoyos del gobierno para seguir prestando el servicio y, finalmente, sabemos que si el gobierno les niega esos apoyos a través de transferencias, subsidios o exenciones fiscales, tarde o temprano los combustibles comenzaran  a escasear, resurgirán los mercados negros, aumentará la pesadilla del huachicoleo y finalmente los precios tendrán que ajustarse al alza en una proporción mayor a la que se hubiera presentado, si en lugar de inhibir la competencia, esta se hubiera estimulado al generar los incentivos más adecuados y en el momento más oportuno para hacerlo.

Por lo anterior, los responsables de tutelar el comportamiento de la economía nacional en el gobierno de la 4t, tendrán que ser demasiado cuidadosos si de verdad pretenden corregir las presiones inflacionarias a partir de ese tipo de políticas de precios máximos. 

El tipo de problemas que derivan de los procesos inflacionarios sostenidos, como también, los que se crean a partir de los intentos por resolverlos con decretos burocráticos ya los hemos vivido varias veces en México, con trágicos resultados en materia de estancamiento económico, décadas perdidas y destrucción de porciones muy relevantes de la riqueza nacional.